El miércoles se recordará su desaparición durante un operativo de la Gendarmería en Cushamen. Su cuerpo fue hallado 78 días después en el río Chubut. Los peritos coinciden en que se ahogó.
Se cumple este miércoles un año de la desaparición de Santiago Maldonado, que puso en jaque al gobierno e inició una búsqueda desesperada que culminó recién 78 días más tarde. Poco más ha avanzado la Justicia desde aquel peritaje que determinó que Maldonado murió ahogado, sin lesiones, y que restó fuerza a la hipótesis de una desaparición forzada perpetrada por Gendarmería. Sin embargo, el juez federal de la causa, Gustavo Lleral, mantiene aún la carátula, a pesar de los pedidos del Ejecutivo y de la fiscal del caso. Para el gobierno, el caso ya está cerrado en lo que a la responsabilidad del Estado concierne. La familia Maldonado y organismos de derechos humanos, que creen lo contrario, convocaron para este miércoles a una movilización a Plaza de Mayo para pedir justicia.
“Desde el Gobierno entendemos que los aspectos centrales de la causa están resueltos. La carátula tiene que ver hoy con temas de administración del sistema judicial. Pero quedo claro a pesar de que un sector politizado de la sociedad quiere construir su pos verdad que no existió desaparición forzada. No se sostiene la causa de hábeas corpus como búsqueda permanente de una persona que, lamentablemente, apareció fallecida finalmente”, dijo a Río Negro el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman.
En la cartera que dirige Germán Garavano, la respuesta es similar: “Para el ministerio de Justicia ya está el tema”.
En noviembre pasado, luego de la aparición del cuerpo, la Junta Médica conformada por 28 peritos oficiales y de las partes querellantes dio a conocer los resultados de la autopsia. No hubo disidencias: Maldonado murió por “asfixia por sumersión”, ayudada por hipotermia, y el cuerpo no había sido arrastrado ni manipulado, ni evidenciaba golpes.
En diciembre, la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, pidió formalmente al juez el cambio de carátula, de “desaparición forzada” a muerte dudosa. Lo mismo hizo el gobierno, a través del abogado Fernando Soto, de Seguridad, en abril de este año. El juez Lleral rechazó ambos pedidos: la carátula, dijo , es “irrelevante”, y el cambio sería un “prejuzgamiento”. En el gobierno tildan la carátula original de “fantasía burocrática”.
La familia Maldonado insiste en que la Gendarmería es responsable de la muerte de Santiago y habría plantado el cuerpo en el lugar en el que finalmente fue encontrado.
Los gendarmes que participaron del operativo aquel 1º de agosto, se internaron en el terreno y persiguieron a los manifestantes mapuches hasta el río Chubut, “siguen –informaron en Seguridad– prestando servicio normalmente”.
En enero, el gobierno denunció además en la fiscalía de Esquel a unos 7 miembros de la comunidad mapuche que habían declarado en la causa, entre otras cosas, que en medio del operativo, Santiago había sido atrapado por los gendarmes, golpeado y subido a una camioneta. Por otro lado, para sumar más controversias a una causa ya controvertida, el Consejo de la Magistratura investiga hoy el desempeño del primer juez de la causa, Guido Otranto, que en su momento fue recusado por la familia Maldonado.
Fuera de las denuncias cruzadas y la resolución de algunos pedidos de las partes, la causa no da señales de haber avanzado demasiado, ni para un lado, ni para el otro, desde la aparición del cuerpo en octubre y la pericia multidisciplinaria de noviembre.
Mientras, pasan los meses y ya se cumple un aniversario. La familia Maldonado y un gran número de organizaciones de derechos humanos – como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la APDH y CELS-, convocaron a marchar a Plaza de Mayo, a las 17, bajo la consigna “el Estado es responsable”.
La werken de la Pu Lof en Resistencia Cushamen Soraya Maicoño dijo que lo ocurrido con Santiago Maldonado y la “falta de justicia” sobre el caso son demostrativas de “la impunidad con la que se maneja este gobierno”.
La comunidad asentada en Cushamen había recibido la solidaridad de Maldonado, quien se sumó a los piquetes sobre Ruta 40 para protestar por la detención de Facundo Jones Huala, cuando el pasado 1 de agosto Gendarmería desató un operativo de represión que terminó en la muerte del artesano.
Según la werken (vocera) de la Pu Lof, “la Justicia no avanza” en el esclarecimiento de la “desaparición forzosa y el homicidio de Santiago”.
Denunció además que desde el año pasado se profundizó una “situación de represión” sobre todo el pueblo mapuche.
Maicoño habló con este diario desde Porto Alegre, donde participa del 2° Foro Latinoamericano de La Poderosa.
“Claramente Gendarmería entró ese día en Pu Lof de manera ilegal, se lo llevaron a Santiago y aparece muchos días después, en otro lugar del río –dijo la werken–. Eso está demostrado por los testigos y las pericias”.
Señaló que “la impunidad con la que se manejó este gobierno” en el caso Maldonado “es la misma que se puede ver hasta hoy con Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por Albatros de Prefectura, el mismo día que enterraban a Santiago”.
Maicoño se quejó de que “los integrantes del pueblo mapuche son perseguidos en forma constante y padecen “hostigamientos jurídicos, con citaciones a declarar y el montaje permanente de causas políticas y mediáticas”, que les impiden “desarrollar su vida cotidiana y también visibilizar su lucha”.
Punto final con este tema.
Y que «hermanito» deje de vivir de nosotros.