Tratan adhesión provincial al Régimen de Responsabilidad Fiscal

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia recibió a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Liliana Murisi, y a la subsecretaria de Hacienda, Graciela Grondona; quienes explicaron los alcances de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo de adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Además, el cuerpo que preside el diputado Mario Pilatti (MPN) habilitó el tratamiento en el recinto de los pliegos de la Dra. Leticia Lorenzo para jueza penal en Zapala y en Neuquén. Lo hizo luego de la entrevista de rigor que el cuerpo realiza a postulantes a funcionarios y magistrados del Poder Judicial.

Al hablar sobre la propuesta del Ejecutivo, Murisi dijo que la norma nacional solicita la adhesión de las distintas jurisdicciones del país y resaltó que el régimen –elaborado por el Consejo de Responsabilidad Fiscal– aporta “orden y transparencia” al fisco de la administración pública. Destacó que es una legislación “de alcance muy amplio que obliga al Estado a hacer un análisis de sus cuentas”. Además, la funcionaria destacó como punto central los condicionamientos que prevé el texto en los niveles de endeudamiento provincial. “Políticamente ayuda a mantener el orden con las provincias y económicamente podría implicar una restricción de fondos específicos” desde Nación, dijo Murisi al ser consultada sobre los beneficios de la adhesión.

Desde el MPN, Pilatti argumentó que la ley nacional es un instrumento, impulsado por distintos gobiernos nacionales sucesorios, para estabilizar el gasto en el estado. A pesar de “atacar las consecuencias y no las causas del mismo”, es una herramienta que dicta reglas fiscales “de autolimitación para que el Estado no crezca exageradamente”, dijo el diputado, quien ponderó como puntos centrales el limite al crecimiento del gasto anual, el destino de los fondos provenientes del endeudamiento que no pueden ser destinados a gastos corrientes sino de capital y, por último, el límite a los servicios de deuda. En tanto, calificó de “novedad” de la norma el ratio para que el crecimiento del empleo público no pueda crecer más rápido que la densidad poblacional, la prohibición de incrementar la planta estatal o de asumir compromisos económicos sobre el final del mandato que comprometan ejercicios financieros de la siguiente gestión de gobierno y, finalmente, que la presión tributaria no pueda verse incrementada.

Por su parte, los diputados Guillermo Carnaghi (FPV) y Jesús Escobar (LdS) cuestionaron los beneficios que la misma podría implicar para la provincia. El cuerpo acordó continuar el tratamiento del proyecto en la próxima reunión.

 

Habilitan pliego en el recinto de Leticia Lorenzo

En otro orden, los diputados habilitaron el tratamiento en el recinto de los pliegos de la Dra. Leticia Lorenzo, quien obtuvo el primer lugar en dos concursos: para jueza penal con asiento en Zapala, e igual cargo para Neuquén Capital.

Cabe mencionar que Lorenzo no obtuvo el aval legislativo para acceder al cargo con asiento en Neuquén, en junio del año pasado, cargo que se volvió a concursar y ganó, al igual que el concurso para el mismo cargo en Zapala. Al respecto, Lorenzo –actualmente titular de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial– lamentó que la votación de los legisladores no implique los fundamentos y lo asimiló a un veredicto de un jurado popular sin las instrucciones previas del juez. En tal sentido, explicó que la decisión de volver a presentarse no es solo para acceder al cargo sino, además, una instancia de evaluación necesaria para los jueces y magistrados del Poder Judicial “que deben ser evaluados periódicamente y debiera ser un mandato constitucional” por tratarse de cargos vitalicios.

Dijo ser idónea y estar capacitada para desempeñarse como jueza penal. “No me interesa otro cargo” en el sistema judicial, aseguró Lorenzo, al tiempo que indicó que la función del juez de garantías es equilibrar el proceso penal, con el fiscal a cargo de la acción y el juez a cargo del control. Lorenzo dijo no ser “abolicionista” del Poder Judicial, pero pidió mayor acción por parte de funcionarios y magistrados.

Lorenzo sostuvo además que la provincia posee un bajo índice de conflictividad penal y lo ejemplificó con las 50 audiencias diarias sólo en la capital neuquina, motivo por el cual “es difícil que un integrante del fuero penal pueda decir que está tapado de trabajo”. En tal sentido, pidió hacer una autocrítica del servicio judicial penal.

Al ser consultada sobre la introducción de “pautas orientativas” para dictar la prisión preventiva en el Código Procesal Penal, Lorenzo dijo que la preventiva “es una herramienta válida y necesaria” pero con distinta aplicabilidad según los casos. Consideró sin embargo que se trató de una reforma “inocua”, en tanto en 2016 había un 14% de presos preventivos y para el 2017 la estadística descendió a 11%; “es decir que, con la reforma en marcha, teníamos menos presos por preventiva”. Las cifras demuestran, según señaló, que Neuquén es la provincia de todo el continente con el menor índice de presos preventivos. Sin embargo, cuestionó que la aplicabilidad de la misma no depende del pedido del juez, sino de los fiscales, que en efecto “no la piden”.

En tanto, Lorenzo se pronunció a favor de la despenalización del aborto, pero destacó la importancia de las “instancias previas” de educación sexual y anticoncepción. “Tener al aborto legislado como delito no baja los números de muerte de mujeres” argumentó, por lo que su ilegalidad “no está funcionando”. Por otra parte, valoró como positiva la eliminación de la probation para causas defraudación de la administración pública.

En otro orden, y consultada sobre si la educación debiera constituirse como un servicio esencial, Lorenzo se pronunció a favor del derecho a huelga y el derecho a agremiarse, pero dijo que en la actualidad “hace falta más sustancia para hacer huelga”. En ese sentido dijo tener la sensación de que el pedido “se reduce a la cuestión salarial y creo, desde ese lugar, que la educación es un servicio esencial”. En tanto, sobre los cortes de ruta como medida de protesta, aseguró que “si no queda otro remedio, el desalojo hay que hacerlo”, pero remarcó que se deben agotar las instancias previas.

Al inicio de la reunión de hoy se socializó la respuesta desde la cartera de Ciudadanía en relación al proyecto de adhesión al sistema nacional para la Gestión Integral del riesgo y la protección civil. El cuerpo retomará el tratamiento en su próximo encuentro.

Estuvieron presentes los diputados Mario Pilatti, Sergio Gallia, Roberto Cacault, Ramón Soto, Carolina Rambeaud, Damián Canuto, Guillermo Carnaghi, Pamela Mucci, Claudio Domínguez, Alejandro Vidal, Oscar Smoljan, Jesús Escobar, Raúl Podestá, Maximiliano Caparroz, Carlos Sánchez y Francisco Rols.

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