Funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Nación expusieron en Legislatura por Ley de ART

Funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Nación acordaron hoy con relación al proyecto iniciado por el  Ejecutivo Provincial para adherir a la ley complementaria de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo. Lo hicieron al concurrir a la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales que preside Damián Canuto (PRO). La propuesta busca la adhesión al Título I de la Ley Nacional 27.348 –apartado que invita a las provincias a adherir–, argumentando que la norma “complementa y mejora” el sistema de ART. No obstante, luego de la exposición, Canuto dijo que en próximas reuniones también se convocará a sectores gremiales, empresariales, de la Subsecretaría de Trabajo y diversas organizaciones a emitir opinión al respecto; añadió que, además de acompañar la propuesta, dijo que es necesario “desmitificar y romper con la injusta mala fama del proyecto”.

El subgerente de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Nación, Ignacio José Isidoro Subizar, comenzó explicando que el sistema de riesgos del trabajo es un subsistema de la seguridad social que involucra tanto al sector público como al sector de empleadores y trabajadores y que está financiado por empresas que en su mayoría son pymes; tal financiación se da a través de la alícuota que es la tarifa mensual que pagará cada empresa para hacer frente a la cobertura del riesgo de trabajo, “es muy parecido a un seguro, dijo, pero con una mirada puesta en la seguridad social”.

Agregó que hoy en el país hay más de nueve millones de trabajadores cubiertos por el sistema, de los cuales, 500 mil son empleadores, del régimen general y otro tantos de casas particulares con el servicio doméstico. 19 son las ART activas y hay 4 o 5 que tienen mayor relevancia en el mercado en lo que hace a cantidad de empleadores cubiertos como per capitas.

Consideró como “exitoso” el sistema desde su creación y dijo que la evolución de accidentes de trabajo y fallecimientos viene descendiendo desde el inicio del sistema. No obstante, reconoció que entre 2009 y 2010 “se disparo la litigiosidad”, situación que no necesariamente refleja la realidad del sistema.

Señaló que la situación en Nación tiene una tendencia similar a la de Neuquén, donde se ve aumentada la litigiosidad a la que consideró espuria, y que no tiene q ver con una realidad que está relacionada con lo que sucede a nivel de accidentes y fallecimientos. Por caso, dijo que “hoy hay 375 mil causas esperando sentencia, por lo que se puede ver que  el sistema judicial no está en condiciones de hacerse cargo con tantos reclamos de litigiosidad”. Añadió que en la Provincia, las sentencias de riesgos de trabajo bajan anualmente, pero vienen creciendo los inicios de reclamo. Por caso dijo que en 2016 de 1.104 causas iniciadas sólo 155 obtuvieron sentencias.

Más adelante explicó los cuatro ejes de la Ley de Riesgos del trabajo: la instancia administrativa en comisiones médicas, autoseguro, mejoras en prestaciones y plantea la necesidad de una nueva ley de prevención.

En cuanto a la instancia administrativa en comisiones médicas, dijo que lo más importante es que se abren dos nuevos tramites: determinación de la incapacidad y  valoración de daño.

Aseguró que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo “vela por los derechos e intereses de los trabajadores para que ésa propuesta de acuerdo sea al menos la misma que hubiese determinado la superintendencia, o sea que no se puede homologar por un valor inferior”.

Aclaró que “ante el caso del trámite de determinación que genera un porcentaje de incapacidad, el trabajador siempre tiene derecho de apelar esa resolución y lo puede hacer a la comisión médica o bien a la justicia”; en cualquier caso el trabajador sigue conservando la posibilidad de ir a justicia con su reclamo, pero la diferencia es que con ésta ley llega con un informe hecho por profesionales médicos.

Señaló también que los beneficios son para todas las partes, para trabajadores empleadores y sector público. En cuanto a los trabajadores dijo que les da “transparencia el nuevo marco normativo porque contempla la denuncia del trabajador de su CBU al comienzo del trámite,  a la indemnización se le deposita directamente en su cuenta”. Asimismo, al trabajador se le plantea una prolongación de la condición de incapacidad laboral temporaria de un año como tenía antes, a dos, y se prorroga la cobertura aún cuando se le caiga el contrato, por  un mes más.

Consideró Subizar que “se mejoran de manera notoria las prestaciones de trabajadores siniestrados y la indemnización es superior a la que venía percibiendo” y dijo que otro gran cambio consiste en la actualización del cálculo que va desde la fecha en que se declara la enfermedad o accidente hasta el momento de cobro de liquidación. Terminó diciendo que “en términos generales el régimen está reflejando un aumento del 20% en las indemnizaciones aunque todo depende del sector económico del que se trate”.

Por último también mencionó los beneficios para el empleador, en ese aspecto señaló que la alícuota que paga el empleador se basa en la siniestralidad y la inversión en prevención pero hoy también se refleja el concepto de litigiosidad que se disparó desde 2009, algo que “no es natural porque no acompaña el sistema de riesgo de trabajo”.

Y en cuanto a los beneficios de la nueva norma para el sector público dijo que “si logramos contener en sede administrativa la cantidad de causas judiciales, entendemos que le vamos a generar ahorro.

Ante la pregunta de un legislador respondió que la curva de ligitiosidad se disparó en 2009 y que a nivel país el 50% de los reclamos judiciales lo tienen menos de 50 estudios; “por lo que entendemos que hay una industria del juicio”, acotó.

En tanto, por su parte, el diputado Santiago Nogueira (LS) dijo tener una visión contraria a la manifestada por los funcionarios al considerarla como “una restricción de acceso a la justicia”. Se preguntó acerca de la parcialidad de las comisiones médicas en cuanto a la evaluación del daño del trabajador y dijo que los médicos no tienen estabilidad laboral porque son contratados y no pueden renovar. En el mismo sentido se expresó Raúl Godoy (PTS-FIT) al decir que las “ART son un gran negocio donde facturan en contra de la salud de los trabajadores”. Consideró que las comisiones médicas no son garantía y que lo “único que se baja son las alícuotas a las empresas que luego no invierten en nada sino que explotan a los trabajadores y la plata se la llevan a otro lugar”. Afirmó que la Provincia de Neuquén tiene “derechos adquiridos de sus trabajadores” y que ésta ley los perjudica. “Sólo beneficia a las ART para que sigan haciendo negocios con la salud de los trabajadores”.

Acompañaron a Subizar, el delegado Regional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Nación, Mario Jordán Díaz, el gerente de Prevención José Luis Bettolli y la Alfonsina Vengaeci.

Participaron de la reunión semanal los diputados: Damián Canuto, Gloria Sifuentes, Alejandro Vidal, Roberto Cacault, Santiago Nogueira, Raúl Podestá, Carolina Rambeaud, Guillermo Carnaghi, Lucía Menquínez, Mario Pilatti,  Raúl Godoy y Ayelén Quiroga.

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